Por Alejandro M. Rodríguez V.

Parece ser que ha llegado el momento preciso en el que los padres de familia tengamos que ver y analizar el futuro de la educación de nuestros hijos de una manera más activa, es decir involucrarnos como un elemento más que pueda definir estrategias que garanticen su permanencia en el tiempo.

Es oportuno porque en Bolivia se ha iniciado un proceso que al parecer, si lo vemos con objetividad, nos empieza a coartar un derecho fundamental; la libertad que tenemos los padres de elegir la mejor educación para nuestros hijos.

Si bien la Carta Magna (NCPE aprobada 7 de febrero de 2009 ) en su Art. 88, Inc. I reconoce, respeta y garantiza la vigencia de la educación privada, la historia de los países que han emprendido procesos de cambio basados en políticas socialistas, nos muestra que son muchas las maneras que se han encontrado para eliminarla.

Veamos en primer lugar el proceso cubano. En el s. XIX la educación privada jugó un importante papel; mientras que la escuela pública apenas hacía algunos esfuerzos por cumplir su rol. Se puede decir que la instrucción y cultura alcanzada por los cubanos es gracias al aporte de la educación privada de ese tiempo, además que los anhelos de libertad e ideales patrios de cambiar el sistema colonial nacieron precisamente en las escuelas privadas. Qué ironía, haber sabido que promover los valores de libertad y justicia y educar a los habitantes de la Isla, serían los factores que terminarían con ella. (El máximo líder de la revolución cubana, Fidel Castro concluyó sus estudios de bachillerato en el Colegio de Belén de la Compañía de Jesús, los años anteriores fueron realizados en colegios católicos privados.)

Cuando el régimen comunista asumió el poder, encontró un sistema educativo privado desarrollado, fortalecido y bien establecido, el alto nivel de corrupción en las esferas oficiales frenaba que la escuela pública primaria y secundaria brindaran una mejor educación, pese a todo ello, el pueblo cubano era uno de los que presentaba una de las mayores calidades educativas en latinoamérica, esto gracias al aporte de la educación privada, que en su mayoría estaba a cargo de religiosos: jesuitas, hermanos de la Salle, maristas, y varias congregaciones de monjas.

Las constituciones cubanas de 1901 y 1940 consignaban una educación primaria gratuita y obligatoria, aunque el Art. 51 de la misma reconocía y garantizaba la educación privada, supervisada técnicamente por el estado, esto permitió la creación de miles de escuelas privadas, religiosas y laicas que en sus aulas albergaban a estudiantes de bajos recursos de manera gratuita y mediante un sistema social otorgaban cierta cantidad de becas para aquellas familias que no tenían los recursos suficientes para pagar la matrícula, no existía ningún tipo de discriminación de raza, color, religión, etc..

El gobierno de Fidel Castro, inspirado en la filosofía marxista comenzó con una campaña de hostigamiento contra las instituciones educativas privadas, sobre todo a las religiosas puesto que no cabía en su esquema que existiera una educación privada desarrollada y de calidad. A finales de 1959, como Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, emite un Decreto mediante el cuál el estado establece un control mucho más cercano, limitando su ejercicio e imponiendo la obligatoriedad de uniformar los programas en los que se incluían materias de tipo doctrinario.

Luego empezaron a darse una serie de intervenciones esporádicas a colegios privados destituyendo a los docentes. En febrero de 1961 se produjeron las intervenciones “oficiales” a los colegios católicos acusándolos de conspiración y de promover la contrarrevolución. El 1º de mayo de ese mismo año Fidel Castro declara a Cuba como el primer país socialista de América y anuncia la nacionalización de todos los colegios privados y la expulsión de todos los sacerdotes extranjeros que ejercían la docencia en la isla.

Por efecto de esas medidas comenzaron las incautaciones de colegios privados. Directores y maestros fueron privados de su libertad, los bienes manejados de manera indiscriminada. Este proceso duró exactamente cinco días.

Después de cuarenta años, el nivel de la educación primaria y secundaria en Cuba ha descendido y ocupa los últimos lugares del continente.

En el caso de Venezuela la situación es distinta a la anterior pero más cercana y similar a la que empieza a vivir nuestro país. La nueva Ley Orgánica de Educación, promulgada el 15 de agosto de 2009, en su artículo 6, parágrafo 2, Inciso i, establece que “es el Estado el que regula, supervisa y controla el régimen de fijación de matrícula, monto, incremento, aranceles y servicios administrativos que cancelan los estudiantes, sus representantes o responsables en las instituciones educativas privadas”. Las comunidades educativas venezolanas ante esto, denunciaron que el gobierno pretende la desaparición de la educación privada, aplicando un “torniquete definitivo al cuello de las instituciones hasta el punto de llegar a asfixiarlas”.

Las autoridades de la Cámara venezolana de la educación privada CAVEP no encuentran salidas creativas para enfrentar la aguda situación presupuestaria que se les presenta y obviamente indican que esto repercutirá en que la calidad de la educación privada pueda desmejorar casi en la misma proporción en que se disminuyan los ingresos de los colegios.

Ya desde el año 1945, cuando el Estado asume la rectoría del currículo en la educación (aspecto ratificado en la última Ley Orgánica de Educación) y uniforma los contenidos en todos los centros educativos, públicos o privados, los venezolanos se han visto obligados a estudiar aquello que el estado considera que se debe estudiar, utilizando además únicamente los libros aprobados, vulnerando el derecho de los ciudadanos de elegir la mejor calidad de educación para sus hijos.

Pero se ha intentado llegar más lejos, el año 2000 se pretendió interferir en el nombramiento de las autoridades directivas de los colegios y sustituirlas con funcionarios designados por el ministerio de educación, lo que haberse dado hubiese significado de facto una privatización o estatización de la educación privada.

Lo que si se establece es que el estado a través del Ministerio del Poder Popular podrá clausurar o reorganizar una institución educativa privada que atente contra algún Principio de la Constitución de la República o de la Ley Orgánica de la Educación.

Vistos estos dos ejemplos, sobre todo el segundo que es el más coincidente, volvemos a nuestra realidad. La estrategia que plantea el gobierno es clara: asfixiar a la educación privada por lo más sensible y vulnerable, el tema económico.

En este momento vemos que son dos las instancias que participan en esta pulseta que pretende romper el equilibrio de fuerzas en arduas y acaloradas negociaciones. Por un lado la organización que representa a los colegios privados (ANDECOP) y por la otra el Ministerio de Educación por el Estado, la primera velando y garantizando la subsistencia de más uno de sus asociados y los segundos “cuidando el poder adquisitivo del salario de la población”. Ambas posiciones bastante antagónicas y radicales; el gobierno plantea que los colegios deben acatar el Decreto que regula el incremento salarial, este año del 5%, pero no acepta que las cuotas educativas sean incrementadas en el mismo porcentaje para poder cubrir los costos operativos de los colegios. Cabe recalcar que mantener una educación de calidad, requiere altos costos de operación.

Haciendo cálculos rápidos, más del 80% de la matrícula se destina al pago de salarios y el resto para cubrir la compra de material didáctico, equipos e insumos de laboratorios, mantenimiento de infraestructura y otros y si bien, no son consideradas instituciones con fines de lucro, inversiones tan grandes como las obras educativas privadas deben generar ciertas utilidades para garantizar su permanencia. Nadie trabaja e invierte para perder dinero o por un pasatiempo filantrópico.

Haciendo una proyección a futuro, los sucesivos incrementos salariales se convertirán en una espada de Damocles que caerá sobre los colegios privados si no logran equilibrar sus ingresos a través de un incremento de las pensiones escolares, (que paradógicamente, el gobierno no acepta) y la única opción será comenzar a cerrar los colegios, empezarán los más chicos y menos sostenibles y terminarán en unos cuantos años con los más grandes, situación que tendría el estado como un válido argumento para poder tomar sus instalaciones, bienes y recursos, incorporar nuevos maestros recién egresados; simple y llanamente estatizarlas y convertirlas en nuevas escuelas fiscales.

Volviendo al principio, en unos cuantos años más, si los padres de familia en este momento difícil no asumimos una actitud responsable frente a esta situación e intervenimos como parte fundamental del sistema educativo privado boliviano y no permitimos una salida razonable a este conflicto, simplemente perderemos el derecho de poder elegir en el futuro una mejor educación para nuestros hijos.

¿Y cuál sería el papel que debemos jugar los padres de familia en este momento?, simplemente el de dar un apoyo a los colegios en los que estudian nuestros hijos y, haciendo un sacrificio, dialogar con los directores de una manera franca y abierta y aceptando de manera consensuada un racional incremento de las pensiones, garantizando así la continuidad de los colegios privados y el nivel de la educación que buscamos para su formación.

Los padres de familia no sólo debemos exigir el derecho irrenunciable de elección de la educación que queremos para nuestros hijos, sino también que la misma sea de verdadera calidad; reitero, esa buena educación que pretendemos es cara; los buenos maestros, (no aquellos que sólo asisten a cumplir horarios) los que han asumido que la educación no es un simple trabajo, sino una importante y apostólica misión que requiere compromiso, creatividad y ganas de superar las dificultades; esos buenos y sacrificados maestros, aquellos maestros que forman para la vida; ellos tienen derecho a recibir una buena remuneración y tener garantizado su trabajo.

Más allá del incremento de las pensiones en sí mismo, pensemos en el problema de fondo que se presentará a futuro si los padres de familia no asumimos que con éstas políticas, la educación privada desaparecerá, y con ella nuestros sueños de dejar la educación como única herencia, si nosotros no ponemos el hombro a las instituciones que forman y educan a nuestros hijos y de una vez nos comprometamos con la comunidad educativa a la pertenecemos, haciendo con ella una verdadera “común – unidad”, participando de esa trilogía (familia – escuela – estado) que permita a futuro tener una sociedad más justa con ciudadanos comprometidos con su realidad y capacitados para enfrentar los desafíos del mundo.

Pensemos con actitud amplia, no mezquina, el sacrificio que podamos hacer hoy tendrá como resultado la satisfacción del mañana.

El único tesoro que podemos dejar a nuestros hijos es una buena educación.

La Paz, junio de 2010

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